Carlos Represa Estrada. Presidente de la Asociación para la Protección de Menores en Internet.
Justicia para Minerva.
Mientras la maquinaria judicial española se exprime a pleno rendimiento, dedicando «ingentes recursos» a desentrañar las presuntas corruptelas que salpican el entorno del poder político, el sistema se revela trágicamente impotente, negligente y fallido en su deber más fundamental: proteger a los más vulnerables. El reciente suicidio de Minerva, una joven de 21 años que a los 15 fue violada por su profesor, es la crónica de una muerte anunciada que desnuda con una crudeza insoportable la perversión de prioridades de una justicia más ocupada en la arena política que en la salvaguarda de la vida y la dignidad de sus ciudadanos.
El caso de Minerva, detallado en un estremecedor artículo de Noroeste Madrid, es un compendio de fracasos institucionales. Un sistema educativo que no supo actuar, y un sistema judicial que «revictimizó» a Minerva hasta el punto de hacer su existencia insoportable. Un periplo judicial que se alargó durante años, donde la palabra de la víctima fue sistemáticamente cuestionada y donde el amparo que debió encontrar se tornó en un laberinto de burocracia insensible y demoledora. Su muerte no es un hecho aislado, es el síntoma terminal de una patología sistémica.
En un obsceno contraste, la actualidad judicial española se encuentra absorta en una serie de macroprocesos que, si bien relevantes en un Estado de derecho, acaparan de forma desproporcionada el foco mediático, los esfuerzos de la judicatura y, en definitiva, los recursos públicos. El juez Peinado, en una instrucción convertida en espectáculo por entregas, investiga a Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno, por presunto tráfico de influencias, malversación y corrupción, movilizando a unidades de la Guardia Civil y generando un torrente de horas de trabajo en juzgados y fiscalías. Paralelamente, la pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se enfrenta a un juicio por un millonario fraude fiscal, un caso que ha requerido una minuciosa y prolongada investigación por parte de la Agencia Tributaria y la Fiscalía.
Nadie niega la necesidad de perseguir la corrupción y el delito económico, sea quien sea el investigado. Sin embargo, la crítica mordaz surge de la comparación, de la flagrante disonancia entre la diligencia y la profusión de medios dedicados a estos casos, que afectan a las élites políticas y económicas, y el abandono que sufren miles de «Minervas» anónimas en los juzgados de menores, de violencia sobre la mujer o de instrucción.
La realidad de estos juzgados, la primera línea de defensa de las víctimas, es desoladora. Magistrados y funcionarios denuncian desde hace años una situación de colapso, con una sobrecarga de trabajo inasumible que impide atender a las víctimas con la celeridad y la especialización que requieren. Se enfrentan a una avalancha de casos con medios irrisorios, en una lucha diaria contra la burocracia que a menudo se convierte en un muro para la protección efectiva. La justicia para las víctimas de violencia machista, para los menores abusados, es una justicia de segunda, precaria y, como demuestra el caso de Minerva, a menudo letal.
Esta esquizofrenia judicial proyecta una imagen desoladora: la de una España donde la justicia parece tener dos velocidades. Una, rápida, dotada y espectacularmente mediática para los asuntos que ocupan las tertulias y los argumentarios de partido; y otra, lenta, desbordada y silenciosa para el dolor cotidiano, para el terror que se vive en los hogares y en las aulas.
La muerte de Minerva debería ser un revulsivo, una vergüenza nacional que obligara a una reflexión profunda sobre las prioridades del sistema. Pero en la España actual, su tragedia corre el riesgo de convertirse en una breve nota a pie de página en el gran libro de los escándalos políticos. Mientras se invierten ingentes recursos en investigar si un empresario se benefició de su relación con una figura política, o si la esposa de un presidente usó su posición para su provecho, el sistema que debía proteger a una adolescente de su depredador y acompañarla en su sanación, falló estrepitosamente. La justicia no solo no la protegió, sino que, en sus propias palabras, la remató. Y esa, y no otra, es la verdadera corrupción del sistema.
Hoy pedimos justicia para Minerva.
Hoy , todos con Minerva. A las 19:00h en el parque Rosalía de Castro en Villanueva del Pardillo (Madrid) tendrá lugar un emotivo acto de homenaje, reivindicación y respaldo a su familia organizado por su ayuntamiento.
